El organismo federativo contempla multas económicas, inhabilitaciones temporales de hasta dos años y rigurosos castigos deportivos para la entidad azulgrana.
El articulado del reglamento sancionador prevé medidas de extrema dureza para aquellos casos en los que se certifiquen irregularidades contractuales graves y presiones indebidas.
En virtud del marco punitivo aplicable, los directivos implicados y el propio jugador se exponen a suspensiones e inhabilitaciones temporales que oscilan desde el mes hasta los dos años de duración.
Asimismo, las sanciones de carácter personal podrían venir acompañadas de partidos de suspensión obligatorios y severas multas económicas destinadas a disuadir este tipo de conductas en el mercado.
La firmeza de la normativa busca proteger la legalidad de los vínculos contractuales vigentes entre los futbolistas y sus respectivos clubes de procedencia.
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